Alaya, Mercedes: Titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla cuando se abrió el caso, el 19 de enero de 2011. Permaneció en este órgano hasta el 16 de junio de 2015, tras obtener una plaza de magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. La sustituyó la magistrada María Núñez Bolaños, procedente de un juzgado especializado en Derecho de Familia.

Chaves, Manuel: Era el presidente de la Junta de Andalucía cuando, el 17 de julio de 2001, se firmó el convenio marco con el que la Administración autonómica repartió de manera discrecional al menos 855 millones de euros durante una década. Presionado por su propio partido, renunció a su acta de diputado en Cortes a principios de julio de 2015, después de que el Tribunal Supremo lo imputara. El caso ERE acabó anticipadamente con su larga carrera política y con la de José Antonio Griñán, su sucesor en la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Egocheaga, Juan Enrique: Titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y uno de los dos fiscales adscritos al caso junto a Manuel Fernández Guerra.

Fernández, Antonio: Consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y, con anterioridad, número dos de ese departamento y presidente del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Es, junto con José Antonio Viera, uno de los dos firmantes del convenio marco de 2001. Estuvo en prisión preventiva casi cuatro meses y soporta la mayor fianza de responsabilidad civil impuesta en esta causa: más de 807 millones de euros.

Gómez Martínez, Manuel: Interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, alertó hasta en 17 informes del uso indebido de las transferencias de financiación como procedimiento para pagar las ayudas sociolaborales o a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Imputado por la juez Alaya el 28 de junio de 2013 por la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, acusó a Griñán y a la exconsejera Carmen Martínez Aguayo de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE».

González Mata, José: Empresario jerezano propietario de Uniter e Ingotor, compañías que intermediaron en la contratación de numerosas pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía. La juez Alaya lo acusa de haber cobrado más de 21 millones en comisiones ilegales por ese trabajo.

Griñán, José Antonio: Como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009), podrían haberle llegados los informes en los que la Intervención General de la Junta advertía de irregularidades en el procedimiento de los ERE. Dimitió antes de que la instructora elevara al Tribunal Supremo la exposición razonada con los indicios de responsabilidad en el presunto fraude. Su sustituta en la Presidencia de la Junta fue Susana Díaz.

Guerrero, Javier: Director general de Trabajo y Seguridad Social entre octubre de 1999 y abril de 2008. Tenía a su cargo la partida presupuestaria 31.L, que él rebautizó en su declaración ante la Policía Nacional como «fondo de reptiles».

Jorge Barreiro, Alberto: Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nombrado instructor de la causa cuando la juez Alaya envió la exposición razonada por indicios hallados contra cinco aforados.

Lanzas, Juan: Exsindicalista jiennense considerado judicialmente como el conseguidor de los ERE. Alaya lo acusó de cobrar comisiones ilegales de más de 13 millones de euros y de incluir a una decena de intrusos en distintas pólizas de prejubilaciones, entre ellos él mismo y su esposa. Fue el primer imputado del caso ERE.

Pascual Arxé, Eduardo: La juez Alaya lo presenta en sus autos como «jefe», junto a María Vaqué, de la empresa catalana ya desaparecida Vitalia. Esta fue la mediadora que, junto con la andaluza Uniter, acaparó el negocio de los ERE. En libertad provisional tras depositar una fianza de 6.000 euros, la Sala de lo Penal dictó orden de busca y captura en septiembre de 2015 contra el también expresidente de Eurobank tras incumplir sus comparecencias apud acta en el juzgado.

Rivas, Antonio: Fue el delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla desde 2000 a 2010, cuando dimitió por su procesamiento en el caso Mercasevilla. En 2014, el Tribunal Supremo corrigió a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y lo absolvió del delito de cohecho. Alaya lo imputó por su «conocimiento y participación activa» en varios ERE en los que se descubrieron intrusos, entre ellos dos concuñados y tres conocidos de Camas.

Rosendo Ríos, José Enrique: Fue uno de los empresarios más beneficiados por el «fondo de reptiles» junto con su antiguo socio José María Sayago. Hijo del exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo (intruso en un ERE), José Enrique Rosendo montó un secadero de jamones en El Pedroso con las ayudas de la Junta y tuvo en nómina en una de sus empresas a la hija del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, tal como se recoge en el sumario.

Trujillo Blanco, Juan Francisco: Fue el conductor de Javier Guerrero en su etapa como director general de Trabajo y Seguridad Social. Confesó a la juez del caso que llegó a gastar entre 20.000 y 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero que el alto cargo le otorgó a sus empresas sin actividad.

Viera, José Antonio: Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004. Firmó junto con Antonio Fernández el convenio marco que la juez Alaya sitúa en el origen de fraude y, según la Guardia Civil, tuvo un papel «esencial» en el reparto de ayudas a la comarca sevillana de la Sierra Norte. 

Un escándalo en 10 pasos
 
Para entender el Caso ERE es preciso conocer cuál era el sistema por el que funcionaba el denominado «fondo de reptiles» de la Junta de Andalucía. Los autores de este libro han sintetizado en diez pasos el procedimiento instaurado por el Gobierno andaluz que permitió disponer de una cantidad desorbitada (855 millones de euros según la juez Alaya, 1.217 según la Cámara de Cuentas de Andalucía) para pagar prejubilaciones a miles de ciudadanos sorteando los controles internos y externos.
 
PASO 1: Los «ojeadores» de los sindicatos y los mediadores contactan con empresas interesadas en hacer un ERE. Juan Lanzas estaba «especializado» en compañías agroalimentarias.
 
PASO 2: Los mediadores se reúnen con los comités de empresa y presentan a los trabajadores un plan de prejubilaciones, con una simulación de lo que cobraría cada empleado mes a mes hasta alcanzar la edad legal de jubilación.
 
PASO 3: Ofrecen a los trabajadores y a los empresarios garantías de que la Junta de Andalucía pondrá el dinero necesario para sufragar el coste, normalmente muy elevado, del plan de prejubilaciones. Como muestra de ese respaldo de la Junta, el propio Javier Guerrero recibía a los empresarios y acudía a reuniones con los trabajadores. «Yo he visitado en persona casi todas las empresas que recibieron ayudas», llegó a declarar.
 
PASO 4: Trabajadores y empresarios firman el acuerdo para el ERE, con las condiciones pactadas para las prejubilaciones. Se incorporan listados de trabajadores, donde no figura ningún intruso. Si así fuera, la Inspección de Trabajo los localizaría, ya que por sus manos pasaría el expediente. De ahí uno de los mantras con los que la versión oficial, en un principio, trató de confundir a la opinión pública aprovechándose de la complejidad del procedimiento: «En los ERE no hay intrusos».
 
PASO 5: La Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, otorgaba una ayuda para el ERE en cuestión con una simple resolución firmada por el director general, saltándose así todos los procedimientos legalmente establecidos para ello.
 
PASO 6: Autorizado el ERE, los mediadores ponen a los trabajadores en contacto con una compañía de seguros. Como las cuantías de los expedientes eran muy elevadas, la Junta de Andalucía necesitaba ir aplazando los pagos, por ello recurría a compañías aseguradoras. Estas firmaban un contrato con cada prejubilado al que garantizaban el cobro de sus rentas mes a mes conforme a un calendario. La Junta de Andalucía iba pagando poco a poco a las aseguradoras la cantidad necesaria hasta cubrir el coste total del plan de prejubilaciones.
 
PASO 7: Si había que incluir a un falso prejubilado o intruso en un ERE, este era el momento, ya que las pólizas no eran fiscalizadas por la autoridad laboral y, como el procedimiento era opaco, tampoco estaban al alcance de la Intervención de la Junta ni de la Cámara de Cuentas. Nadie tendría que saber jamás que entre los beneficiarios de la póliza colectiva de rentas de Mercasevilla estaba Antonio Garrido Santoyo.
 
PASO 8: Las cantidades que la Junta de Andalucía abonaba a las aseguradoras se incrementaban por la inclusión de intrusos, a los que había que pagar sueldos mensuales como prejubilados de empresas en las que jamás estuvieron trabajando. El coste también se elevaba porque las compañías aseguradoras que admitían a la Junta el pago aplazado percibían por ello una comisión. Normalmente eran las mediadoras —Vitalia y Uniter, según se recoge en el sumario del caso— las que calculaban el incremento del precio, del que salía también el dinero para pagar a los mediadores, a empresas satélites de los sindicatos UGT y CCOO y a algunas de sus propias federaciones sectoriales.
 
PASO 9: El mismo director general de Trabajo y Seguridad Social que había otorgado la ayuda para el ERE sin otro trámite que su propia firma suscribía también un protocolo de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), reconvertido en el año 2004 en la Agencia IDEA, por el que le encomendaba la materialización del pago a las aseguradoras. Pero este organismo instrumental de la Junta de Andalucía no realizaba los pagos de sus propios fondos, sino de cantidades millonarias que la Consejería de Empleo le inyectaba bajo los códigos contables de las «transferencias de financiación de explotación».
 
PASO 10: Ese modo de proceder tenía su soporte en un «convenio marco» firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA en 2001 sin ningún tipo de transparencia ni publicidad. Tal documento está considerado como el origen del «fondo de reptiles». Como consecuencia de esa manera de proceder, la Consejería de Empleo otorgaba ayudas pero, como no las pagaba y no generaba un gasto interno, su fiscalización —las subvenciones la tienen anterior y posterior al gasto— escapaba a los controles de los interventores. Estos sólo veían movimientos en forma de «transferencias de financiación de explotación», que están sometidos a controles muy laxos porque ese tipo de fondos sólo pueden destinarse a cubrir agujeros o a equilibrar las cuentas de pérdidas y ganancias de organismos instrumentales como el IFA o la Agencia IDEA. Era en este organismo donde se generaba el gasto, que era escasamente fiscalizado, pues como agencia instrumental tiene controles más livianos.
 

Al despacho oficial de Javier Guerrero acudió cierta mañana un empresario hotelero de la Sierra Norte de Sevilla, que necesitaba acometer una reforma en el complejo turístico del que es copropietario en El Pedroso y no tenía liquidez para afrontar la obra. Una tarde de domingo que el entonces alto cargo apareció por el restaurante tras la hora del almuerzo, el empresario le contó que tenía que desmontar y volver a montar el tejado para impermeabilizarlo adecuadamente a fin de solucionar el problema de goteras que tenía. El coste de la reparación se había presupuestado en unos 36.000 euros y la constructora que había hecho la obra inicialmente, radicada en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa, se había esfumado y no había quien diera la cara para arreglar los desperfectos.

—Javier, tenemos este problema. ¿Cómo podríamos solucionarlo? —preguntó el empresario.

—Pásate por mi despacho, en Sevilla, y gestionamos una ayuda —respondió Guerrero, sintiéndose en aquellos años revestido por el hábito de un amo del mundo.

Dispuesto a impresionar a su interlocutor y a convencerlo con sólidos argumentos, el empresario acudió a la cita convenida con una carpeta en la que incluyó certificados acreditativos de estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, las escrituras de constitución de la empresa, un presupuesto y una foto aérea para que pudiera apreciar con detalle la situación de la techumbre, el motivo que le había llevado hasta ese despacho en el populoso barrio del Cerro del Águila. Una deficiente impermeabilización había provocado goteras, problema que tenía que solucionar antes de que el deterioro alcanzara el interior del edificio y se agravara la situación.

En un determinado momento, mientras le iba exponiendo con todo lujo de detalles el proyecto para el que le pedía la ayuda, Guerrero interrumpió al empresario y llamó a sus secretarias.

—Venid a ver lo que tenemos en mi pueblo —dijo orgulloso alzando la voz, que se podía escuchar por los pasillos de la planta en que estaba ubicada la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

Sobre la marcha, el alto cargo comprometió la ayuda.

—Nada, no te preocupes. Se te van a dar los 36.000 euros —le dijo al empresario sin pedirle que le presentara más presupuestos para comparar precios ni más documentación.

—Y estos fondos, ¿a través de qué línea vienen? ¿Leader, Proder…? —citó el empresario, al que le sonaban de oídas los nombres de los programas europeos de subvenciones que habían financiado algunos proyectos en la comarca.

No terminó de formular la pregunta cuando Javier Guerrero le cortó en seco.

—Pormisco —señaló sin titubear el director general.

—¿Pormisco? —inquirió el interlocutor, extrañado por la respuesta y falto de reflejos en ese momento.

Por un momento pensó que se trataba del acrónimo de una línea de ayudas reciente que él desconocía y que algún burócrata de Bruselas con ínfulas literarias habría bautizado con ese nombre. Pronto salió de dudas.

—Por mis cojones te van a dar el dinero. ¿Entendido? —zanjó Guerrero entre risas.

Al industrial le quedó clarísimo tras esa experiencia cómo se gestionaban en Andalucía fondos públicos. Aquello no le olía nada bien y, tras un par de llamadas a personas de su confianza, terminó convenciéndose de que muy legal no podía ser esa forma de actuar y no llegó nunca a formalizar la petición de la subvención.

Al cabo de unos meses se encontró a Javier Guerrero en El Cruce, un conocido bar de El Pedroso, quien le preguntó qué había pasado con aquello.

—Al final no me hizo falta la ayuda, porque lo arreglamos con la constructora —mintió el empresario, que no ha terminado aún de dar las gracias a sus asesores de confianza, porque de haber aceptado la ayuda Pormisco hoy tal vez estaría inmerso en un grave problema.