Si el teléfono suena de madrugada en una vivienda es que hay una urgencia. Si un teléfono suena de madrugada en casa de un corresponsal es que hay una noticia urgente. Si un teléfono suena de madrugada en el domicilio de un corresponsal de radio en París es que hay una noticia urgente relacionada con ETA.

Esta fue al menos la rutina que me tocó vivir en los años en que la colaboración de Francia en la lucha contra ETA se intensificó a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquel terrible acontecimiento me pilló en Bruselas, como observador de una insólita concentración de personas con las manos blancas levantadas en la plaza de la Monnaie, a dos pasos de la Grand Place, que se había visto precedida por concentraciones silenciosas de los comisarios y altos funcionarios españoles en la rotonda de Schuman durante la macabra cuenta atrás que precedió en forma de ultimátum al asesinato del concejal del PP en Ermua. Aquel cruel paso fue una gran torpeza de los estrategas de la organización terrorista porque allanó el camino hacia un acuerdo de mayor colaboración policial y judicial entre los dos países. Chirac, que no podía ver a Aznar, aceleró el tiempo lento condicionado a los propios intereses franceses que había impuesto Mitterrand tras el arrastrar de pies que caracterizó a Giscard. Aceptó la simplificación de las extradiciones, la entrega temporal de los presos etarras para ser interrogados en España en relación con los sumarios pendientes y la posibilidad de que una vez detenidos fuesen entregados y juzgados directamente en el país en el que hubieran cometido el delito mayor. Unos mecanismos judiciales muy avanzados que llevó tiempo y esfuerzo aplicar porque los jueces franceses son muy celosos de su independencia y de la parte de soberanía nacional que gestionan al interpretar y aplicar el cuerpo legislativo de Francia. Manuel García Castellón como juez de enlace llevó a cabo durante más de diez años una importante y constante labor de engrasar la maquinaria.

En el terreno policial también se avanzó con la creación de brigadas conjuntas de investigación que posibilitaron la incorporación de agentes españoles a los equipos franceses, su presencia en los registros e, incluso, llevar a cabo tareas de vigilancia y seguimiento. Siempre sin armas y sin posibilidad de practicar detenciones cuyos límites se manifestaron de manera dramática en diciembre de 2007, cuando los guardias civiles, Raúl Centeno y Fernando Trapero, fueron asesinados por un comando con el que se toparon en la cafetería de una zona comercial de las afueras de Capbreton.

Lo de llamar temprano se debía a la propia legislación francesa que no permite entrar en una vivienda para practicar detenciones hasta el amanecer. Cuando un etarra es localizado, se le observa durante un tiempo prudencial por si sus movimientos llevan a otros activistas. En caso negativo, se procede a su detención al alba para evitar una eventual fuga o la comisión de una actividad terrorista. Claro que el teléfono podía sonar a cualquier hora porque los etarras también caían en un control de carreteras de la Gendarmería o seguían con su actividad criminal de abastecimiento. Llegó un momento en el que el robo de coches dejó de ser noticia pero en periodos de tregua aprovechaban para robar armas o explosivos en canteras poco vigiladas en las que extorsionaban al guarda reteniéndole en su vivienda junto a la familia. En cualquier caso, era un suplicio confirmar y no digamos ampliar la información.

La primera vez que llamé al Ministerio del Interior tras una detención, la policía de guardia en el servicio de información me pidió que enviara un fax —aún no se había generalizado el correo electrónico— con una relación de lo que deseaba confirmar. Es decir que no me iban a dar ni un detalle más de lo que ya hubiera trascendido. Llegué a enviar el fax, pero a día de hoy aún no he tenido respuesta y cuando volví a insistir por teléfono, me despacharon con la petición de que enviara otro fax. ¡Estaba claro que había que buscarse la vida!

Uno de los lugares en los que se puede encontrar información de primera mano del mundo etarra y de lo que lo rodea es el Palacio de Justicia de París. A pocos metros de esa belleza del arte gótico que es la Sainte Chapelle y de la Conciergerie en la que estuvo encerrada Maria Antoinette a la espera del cadalso, se dan cita los etarras fuertemente vigilados por fornidos gendarmes que les acompañan hasta el interior de unos cubículos de madera, metal y cristal desde donde asisten a los juicios. Allí están también sus abogados, como el simpático Jon Enparantza que años más tarde fue detenido por colaboración con banda armada, y los familiares, amigos y militantes que vienen desde Euskadi para apoyarles con gritos y cánticos y para intercambiar información personal mediante gestos. De hecho, uno de los termómetros que servía para calibrar la importancia del etarra en el banquillo y el apoyo social con el que contaba la organización era el número de asistentes. Durante la primera década de este siglo fue menguando paulatinamente.

Dependiendo de la sala de audiencias, para acceder a la tribuna de prensa había que atravesar los bancos del público en medio de un ambiente claramente hostil. En otras ocasiones menos afortunadas, había que sentarse en medio de los asistentes en una zona sin acotar y aguantar miradas inquisitivas e incluso amenazadoras. A veces, en las audiencias, encontrabas a miembros significativos del movimiento abertzale como el hijo de Josu Ternera, Egoitz Urrutikoetxea, en aquel momento uno de los artífices de la fusión en Haika de los movimientos juveniles abertzales de uno y otro lado del Bidasoa y con posterioridad situado junto a su padre en la dirección política de ETA.

Las salas de vistas son incomodas: frías en invierno y calurosas en verano y la acústica es prácticamente inexistente, por lo que se hace muy trabajoso seguir los juicios. Menos mal que los etarras o bien guardan silencio o cuando se expresan lo hacen a voz en grito como si estuvieran amenazando a todo el mundo. Nunca olvidaré ver volar una zapatilla de deportes blanca por encima de nuestras cabezas e ir a aterrizar junto a Carmen Romero de la agencia EFE y de Fernando Iturribarría de El Correo. El propietario y lanzador del calzado no era otro que Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, que había sido detenido tras ser localizado en una vivienda de las afueras de Bayona. Estaba siendo juzgado como jefe del aparato militar con otros siete etarras, entre ellos, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, y Ángel Pikabea que también habían tenido responsabilidades en la estructura de comandos. Tras el intento claro de agresión a los compañeros y haber amenazado de muerte a los miembros del tribunal, los etarras fueron desalojados en medio de gritos, forcejeos y patadas al aire que se saldaron con un ordenador y mesas rotas.

Más propicias y tranquilas son las audiencias de las extradiciones. Una pequeña sala en un pasillo del laberíntico Palacio. Allí seguías las declaraciones y los alegatos de la fiscalía y la defensa a dos metros de los detenidos. Era impresionante y muchas veces intimidatorio poner cara a algunos de los etarras acusados de haber cometido crímenes. Las vistas estaban presididas por el juez Azibert, un hombre firme pero de trato agradable que fue también uno de los magistrados que más se implicaron en la aplicación de los acuerdos judiciales entre España y Francia. Primero en este pequeño pero decisivo tribunal de las extradiciones y después como jefe de gabinete del ministerio de Justicia en la etapa de la polémica Rachida Dati. Por esta proximidad con la política, años más tarde se vio implicado en una secuela del escándalo Bettencourt. Sarkozy fue imputado por tráfico de influencias porque a través de Azibert estaba al tanto de las investigaciones e instrucción del sumario en el que se investigaba si la antigua heredera de L’Oreal había financiado su campaña presidencial con sobres de dinero.

Estas frecuentes visitas al Palacio de Justicia servían para estar al tanto e informar puntualmente de la situación de los etarras detenidos y para ir tejiendo una red de contactos que posibilitaban saber si un etarra recién detenido seguía declarando ante el juez y los cargos que se le habían imputado. Tener acceso a un sumario da pie para añadir jugosos detalles de lo que realmente había sucedido durante la detención y de todo lo que se había encontrado en el posterior registro del alojamiento que ocupase o del vehículo que estuviera utilizando en sus desplazamientos. En los juicios, los silencios y declaraciones de los acusados permitían verificar el posicionamiento del colectivo de presos y de algunos de sus más destacados componentes respecto a la propia situación interna de la organización; con respecto a la izquierda abertzale; frente al incremento de la colaboración entre ambos países; sobre procesos políticos como el Plan Ibarretxe; acerca de los periodos de expectativas que se abrían con los sucesivos alto el fuego anunciados por ETA y las consiguientes conversaciones abiertas con los gobiernos de Aznar y Zapatero y, por supuesto, respecto al anuncio del abandono indefinido de la violencia hecho en 2011.

Entre tanto, la puerta del ministerio del Interior y de los servicios de la lucha antiterrorista seguía prácticamente cerrada. Francia no tenía una necesidad imperiosa de comunicar sus éxitos en la lucha contra ETA como España. Es más, una parte de la clase política tanto de izquierda como de derecha había defendido durante la dictadura de Franco y los primeros años de la democracia española al colectivo de exiliados vascos instalado en suelo francés. El «santuario» se mantenía en tanto en cuanto los etarras cumplían la regla de no atentar en suelo francés y desde la parte española por contra se llevaban a cabo acciones de castigo a través de grupos parapoliciales como los GAL.

Recuerdo una cena propiciada por Montse Capdevila, una de las mejores corresponsales españolas en París de todos los tiempos, con el comisario Roger Marion. Fue una sucesión de reproches sobre la guerra sucia y de cómo entorpeció una mayor colaboración policial. Este astuto policía mantenía muy buenas relaciones con dos magistradas que fueron un pilar fundamental en la colaboración antiterrorista: la fiscal Irène Stoller y la jueza Laurence Le Vert. Ambas muy conservadoras ideológicamente hablando y muy distintas entre sí. Stoller, extrovertida e incluso dicharachera, y Le Vert, seca y escueta hasta el punto de llegar a ser desagradable.

Una vez llegué a hablar con ella en persona. Fue durante la recepción que con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre se organiza anualmente en la Embajada de España en París. Un lugar especialmente interesante para establecer contacto con lo que a través del servicio de comunicación del ministerio del Interior era prácticamente imposible: algunos de los responsables policiales, judiciales y políticos en la lucha antiterrorista. En uno de los corrillos al que me aproximé con Iturribarría estaba la jueza, quien se interesó por la situación política en España y en concreto del Presidente Rodríguez Zapatero que había propiciado la apertura de negociaciones indirectas con ETA tras el anuncio de una tregua. Aunque el ambiente en París estaba lejos del que se respiraba en Madrid donde los medios y cada periodista habían tenido que elegir una trinchera en la guerra desencadenada contra ETA, yo me mostré optimista sobre el desenlace de un proceso que defendí en la convicción de que hay que hacer lo necesario para terminar con la violencia terrorista que impide la plenitud democrática de un estado. Le Vert, por el contrario, estaba convencida de que no iba a durar mucho. Supongo que tenía indicios que le decían lo contrario a partir de los interrogatorios que llevaba a cabo durante la instrucción de los múltiples sumarios en sus manos y la información que le llegaba a través de la policía judicial. Por supuesto, acertó. En junio de 2007, ETA anunció el fin de la tregua. Esta es parte de la crónica que envié desde París: 

 

En medios de la lucha antiterrorista francesa no se respiraba optimismo desde finales del año pasado sobre el proceso de paz. No tanto por la estrategia diseñada por el gobierno español como por la voluntad seria de ETA de dejar la lucha armada. El general Veaux, máximo responsable de la policía judicial en la lucha contra ETA en Francia, señaló el pasado mes de febrero ante un tribunal de París que juzgaba a una decena de etarras que la organización terrorista no había frenado su actividad criminal durante la tregua en suelo francés y puso como ejemplo de lo que decía el hecho de que en 2006 se le atribuyera el robo de 71 vehículos: cifra nunca registrada con anterioridad. Asimismo, estableció similitudes con la anterior tregua, bajo gobierno Aznar, y se mostró pesimista sobre el futuro al asegurar que las perspectivas son difíciles porque la organización «mantiene intactas sus reivindicaciones de autodeterminación y territorialidad».

 

Nunca más volví a hablar con Le Vert, quien tampoco mostró ningún interés en volver a saber de mí. El caso es que como a España le interesaba mucho más que a Francia comunicar sobre los etarras que iban cayendo al otro lado de los Pirineos y puesto que la información fluía cada vez con mayor velocidad, las detenciones, identidad y detalles de lo sucedido se daban casi al mismo tiempo en España que en Francia. Esto fue así a partir de Ángel Acebes como ministro del Interior y llegó a un grado tal de automatismo con Alfredo Pérez Rubalcaba que incluso les robó alguna primicia a los propios mandos policiales franceses que se quejaron al Presidente en persona, a la sazón Nicolás Sarkozy.

Así pues, dejaron de llamarme a horas intempestivas. A cambio, me metieron en la vorágine de las televisiones. La idea de que se estaba acabando con ETA suponía informar de cada una de las detenciones de etarras que fruto de la presión policial tenían lugar cada vez más al norte del país. Es decir, más cerca de París y por tanto más asequible desde el punto de vista presupuestario para acercarse al lugar de los hechos. La imagen de la casa donde se ocultaban vale algo más que mil palabras para una televisión pero para una radio sirve de muy poco. La policía no informa mientras realiza el registro, los periodistas son mantenidos a una distancia considerable y en el medio rural francés, los vecinos de las pequeñas localidades son poco habladores y no salen de sus casas porque no hay bares. Además, como se trata de casas rurales alquiladas por días o semanas, tampoco suelen ofrecer jugosos testimonios sobre los «indeseables» vecinos a los que apenas han visto. A muchos de ellos tienes incluso que acabar explicándoles qué es ETA. Esto ocurrió en una recóndita zona del interior de Normandía que recibe el nombre de «pequeña Suiza» por el verdor de su vegetación y su accidenta orografía de valles y montañas. La casa se podía ver desde la ladera de la pequeña aldea en la que se situaba. Allí estaban Álvaro Goicoechea de TVE, venido especialmente desde Bruselas porque David Picazo estaba cubriendo otra información; Xabier Madariaga de ETB y Tony Cruanyes de TV3. Yo había llegado con Tatiana Bensa que entonces trabajaba para CNN+. Es decir, medios que eran o tienen canales de información las 24 horas. Era fin de semana y cualquier información de este tipo se amplifica ante la sequía patria, pero la SER no faltaba a la cita con el fútbol, por lo que a partir de las tres de la tarde o los etarras se inmolaban o no debía esperar que me dieran paso. Para el informativo de mediodía y a falta de imágenes, mi principal aportación a lo sucedido fue una imaginativa comparación del paisaje de la zona con el interior de Euskadi que fue rebatida por Madariaga y una descripción del interior de la vivienda y el coste de su alquiler que conseguí llamando a mi mujer en París para que lo buscara en Internet porque hasta aquel bucólico lugar aún no había llegado el 3G. Los tres detenidos eran Ibon Goiaeskoetxea, uno de los fugaces jefes del aparato militar que en aquel momento caían como moscas, y otros dos etarras a los que supuestamente estaba dando instrucciones para llevar a cabo un secuestro porque en la casa se encontraron unos grilletes. Recuerdo estar más de una hora en el coche, en un punto donde la cobertura era mejor, para subir la crónica que había grabado para el Matinal en el iPhone a una página web interna donde se cuelgan las crónicas. El hotel-pensión donde tuve que pasar la noche era espectacular: el váter estaba en medio de la habitación. Así que aún recuerdo con gran cariño la decisión de mi jefe y del editor de fin de semana de enviarme hasta allí porque me ayudó a comprender mejor la «Francia profunda».

El giro en la política de información del ministerio del Interior en España no me apartó de mi empeño en hacerme con alguna fuente que me permitiera contar la postura francesa respecto a ETA e, incluso, sobre otras formas de terrorismo que habían adquirido mayor relevancia a partir de los atentados del 11S en Estados Unidos y la intervención de España en la segunda guerra de Irak. De hecho, fue fundamental uno de esos contactos para pulsar las sensaciones en Francia respecto a los atentados de Madrid el 11M. No daban mucho crédito a que ETA estuviera detrás de tal masacre a pesar de que el Gobierno de José María Aznar se empeñaba en señalar al terrorismo etarra. Este pequeño dato no obstante fue importante para que los compañeros de Madrid pusieran entre paréntesis la información oficial y rastreasen otras hipótesis que acabaron por confirmarse en un gran trabajo periodístico que mereció un Premio Ondas y una portada del diario Libération que aún conservo con orgullo. Sobre una foto de Aznar titulaba: «El precio de una mentira».

Aproveché uno de los famosos voeux para acercarme hasta el ministerio del Interior. Siempre se pueden intercambiar unas palabras con los altos cargos policiales y sobre todo, abordar al ministro de turno. Entre canapés y copas de champagne mantuvimos una accidentada entrevista con Michèlle Alliot-Marie, que conoce a la perfección el asunto vasco porque durante siete años fue alcaldesa de Saint-Jean-de-Luz. Como diputada del departamento de Pirineos Atlánticos se opuso a que el País Vasco francés se convirtiera en un departamento autónomo del Bearn. Una propuesta que fue una promesa incumplida de François Mitterrand y que aún es reivindicada por los nacionalistas, por la izquierda y por una parte de los centristas vascofranceses.

El momento más propicio para conversar era, sin embargo, la rueda de prensa anual para presentar el informe del Observatorio Nacional de la Delincuencia. Un ejercicio que instauró Sarkozy para demostrar su eficacia al frente del departamento y que mantuvieron sus sucesores. En especial, su fiel amigo Brice Hortefeux. Esa rueda de prensa era perfecta para hablar un momento con Frédéric Pechenard, Director General de la Policía Nacional durante el quinquenio de Sarkozy y a quien le une una estrecha amistad, e incluso acercarse a Bernard Squarcini, conocido como el escualo, que dirigió durante el mismo periodo los servicios secretos de la policía.

Identificar físicamente a estos responsables de la lucha antiterrorista es importante. A veces, un pequeño detalle podía decir mucho. Por ejemplo, cuando veíamos que Squarcini llevaba una voluminosa carpeta a una de las múltiples entrevistas bilaterales entre los ministros de los dos países era casi seguro que una operación de envergadura contra la estructura de ETA en Francia estaba preparándose.

La organización terrorista cumplió durante muchos años la regla no escrita de que no había que atentar en suelo francés para preservar lo que durante muchos años se denominó el «santuario», pero hubo algunos acontecimientos que hicieron evolucionar la mentalidad de las autoridades francesas y temer que el problema vasco —siempre oficialmente un asunto ajeno, propio de la soberanía política de España— se contagiara al otro lado de la frontera.

Uno de esos momentos sucedió durante la cumbre europea de Biarritz que debía preparar la trascendental de Niza en el año 2000. La izquierda antiglobalización como ATTAC; partidos aún testimoniales como Les Verts y sindicatos como la CGT convocaron una contra-cumbre en la que también figuraban los Comités de Apoyo a los prisioneros vascos. Pese a los filtros establecidos en la frontera, la manifestación que recorrió la distancia que separa Bayona de la población balnearia degeneró en una kale borroka a la que tan habituados estaban en las calles de la vecina San Sebastián. Las caras de pánico que pude ver entre los pasajeros de un autobús intermunicipal que había quedado atrapado en medio de la refriega y los comentarios claramente desaprobatorios de tales actos de violencia se transformaron al día siguiente en tribunas y editoriales en los medios regionales y nacionales. La tranquila Iparralde debía continuar siéndolo.

Ese mismo año se registra el último atentado que se atribuye a Iparretarrak —«los del norte»— contra una oficina vacía de la gendarmería en Lecumberry. Esta organización en favor de la independencia fue declara ilegal en 1978 y uno de sus miembros más conocidos, Philippe Bidart, fue detenido y condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de tres miembros de la policía francesa.

La colaboración se hace cada vez más intensa y los incidentes con activistas de ETA se multiplicaron en persecuciones y controles que provocaron un nuevo salto en la actividad delictiva de ETA en Francia. También en 2000, un etarra protagonizó un tiroteo en la propia ciudad de Burdeos pero el más grave tuvo lugar en noviembre de 2001, cuando el entonces considerado como jefe del aparato militar, Juan Ibón Fernández Iradi, alias Susper, hiere de gravedad a un gendarme que permanece hospitalizado entre la vida y la muerte durante varios días.

 

Otros cinco tiroteos se sucedieron desde entonces hasta 2009 y en marzo tuvo lugar el sexto y último. Un comando de ETA llevaba a cabo un robo de vehículos en un concesionario de coches de segunda mano en Dammarie Les-Lis, una población de las afueras de París en la que se habían registrado enfrentamientos armados por el control del negocio de la droga. Una patrulla de la comisaría, situada junto a un grupo de edificios de viviendas sociales, realizaba su ronda nocturna pertrechada con chalecos antibalas. El brigadier Jean Serge Nerin: 53 años, cuatro hijos, originario de Cayene y que había desarrollado casi toda su carrera como policía en esa localidad, estaba al frente. El movimiento nocturno de coches les llevó al concesionario en el que sorprendieron a tres hombres y una mujer que habían llegado a bordo de un vehículo y estaban a punto de sustraer otro. Cuando les dieron el alto no sabían que se enfrentaban a un comando de ETA. En el tiroteo, una bala penetró por la desprotegida axila de Nerin y le hirió de muerte mientras los etarras se daban a la fuga a toda velocidad.

 

La alerta desencadenada por las autoridades conlleva controles de carretera y un llamamiento a la población para que se comunique la presencia de sospechosos en la zona. El testimonio de un vecino, policía jubilado, y la grabación de las cámaras de vigilancia de un supermercado próximo llevan a la policía hasta una casa rural en la que se alojan cinco españoles que son llevados a declarar a la comisaría para verificar sus identidades. Tras varias horas de papeleos e interrogatorios se confirma que no son los etarras buscados, sino cinco bomberos que se encontraban haciendo senderismo en la zona próxima al Castillo de Fontainebleau.

Durante los funerales de estado en Meaux, Nicolás Sarkozy, presidente de la República francesa, realiza un juramento solemne frente al féretro con los restos mortales de Nerin y en presencia de sus familiares y del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero: «Que ETA sepa que la movilización de la policía y de la gendarmería de la República francesa contra esa organización terrorista será total y sin piedad».

En los meses siguientes se suceden las detenciones de etarras. Entre ellos, Mikel Karrera Sarobe, jefe del aparato militar y supuesto asesino de Nerin y de los dos guardias civiles de Cap Breton. Los tres crímenes que sellaron el compromiso de Francia en la lucha contra ETA. De hecho, es muy probable que Nerin pase a los anales como el primer francés muerto por ETA en Francia y el último de la larga y sangrienta lista de víctimas de la organización terrorista.