Un escándalo en 10 pasos
 
Para entender el Caso ERE es preciso conocer cuál era el sistema por el que funcionaba el denominado «fondo de reptiles» de la Junta de Andalucía. Los autores de este libro han sintetizado en diez pasos el procedimiento instaurado por el Gobierno andaluz que permitió disponer de una cantidad desorbitada (855 millones de euros según la juez Alaya, 1.217 según la Cámara de Cuentas de Andalucía) para pagar prejubilaciones a miles de ciudadanos sorteando los controles internos y externos.
 
PASO 1: Los «ojeadores» de los sindicatos y los mediadores contactan con empresas interesadas en hacer un ERE. Juan Lanzas estaba «especializado» en compañías agroalimentarias.
 
PASO 2: Los mediadores se reúnen con los comités de empresa y presentan a los trabajadores un plan de prejubilaciones, con una simulación de lo que cobraría cada empleado mes a mes hasta alcanzar la edad legal de jubilación.
 
PASO 3: Ofrecen a los trabajadores y a los empresarios garantías de que la Junta de Andalucía pondrá el dinero necesario para sufragar el coste, normalmente muy elevado, del plan de prejubilaciones. Como muestra de ese respaldo de la Junta, el propio Javier Guerrero recibía a los empresarios y acudía a reuniones con los trabajadores. «Yo he visitado en persona casi todas las empresas que recibieron ayudas», llegó a declarar.
 
PASO 4: Trabajadores y empresarios firman el acuerdo para el ERE, con las condiciones pactadas para las prejubilaciones. Se incorporan listados de trabajadores, donde no figura ningún intruso. Si así fuera, la Inspección de Trabajo los localizaría, ya que por sus manos pasaría el expediente. De ahí uno de los mantras con los que la versión oficial, en un principio, trató de confundir a la opinión pública aprovechándose de la complejidad del procedimiento: «En los ERE no hay intrusos».
 
PASO 5: La Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, otorgaba una ayuda para el ERE en cuestión con una simple resolución firmada por el director general, saltándose así todos los procedimientos legalmente establecidos para ello.
 
PASO 6: Autorizado el ERE, los mediadores ponen a los trabajadores en contacto con una compañía de seguros. Como las cuantías de los expedientes eran muy elevadas, la Junta de Andalucía necesitaba ir aplazando los pagos, por ello recurría a compañías aseguradoras. Estas firmaban un contrato con cada prejubilado al que garantizaban el cobro de sus rentas mes a mes conforme a un calendario. La Junta de Andalucía iba pagando poco a poco a las aseguradoras la cantidad necesaria hasta cubrir el coste total del plan de prejubilaciones.
 
PASO 7: Si había que incluir a un falso prejubilado o intruso en un ERE, este era el momento, ya que las pólizas no eran fiscalizadas por la autoridad laboral y, como el procedimiento era opaco, tampoco estaban al alcance de la Intervención de la Junta ni de la Cámara de Cuentas. Nadie tendría que saber jamás que entre los beneficiarios de la póliza colectiva de rentas de Mercasevilla estaba Antonio Garrido Santoyo.
 
PASO 8: Las cantidades que la Junta de Andalucía abonaba a las aseguradoras se incrementaban por la inclusión de intrusos, a los que había que pagar sueldos mensuales como prejubilados de empresas en las que jamás estuvieron trabajando. El coste también se elevaba porque las compañías aseguradoras que admitían a la Junta el pago aplazado percibían por ello una comisión. Normalmente eran las mediadoras —Vitalia y Uniter, según se recoge en el sumario del caso— las que calculaban el incremento del precio, del que salía también el dinero para pagar a los mediadores, a empresas satélites de los sindicatos UGT y CCOO y a algunas de sus propias federaciones sectoriales.
 
PASO 9: El mismo director general de Trabajo y Seguridad Social que había otorgado la ayuda para el ERE sin otro trámite que su propia firma suscribía también un protocolo de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), reconvertido en el año 2004 en la Agencia IDEA, por el que le encomendaba la materialización del pago a las aseguradoras. Pero este organismo instrumental de la Junta de Andalucía no realizaba los pagos de sus propios fondos, sino de cantidades millonarias que la Consejería de Empleo le inyectaba bajo los códigos contables de las «transferencias de financiación de explotación».
 
PASO 10: Ese modo de proceder tenía su soporte en un «convenio marco» firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA en 2001 sin ningún tipo de transparencia ni publicidad. Tal documento está considerado como el origen del «fondo de reptiles». Como consecuencia de esa manera de proceder, la Consejería de Empleo otorgaba ayudas pero, como no las pagaba y no generaba un gasto interno, su fiscalización —las subvenciones la tienen anterior y posterior al gasto— escapaba a los controles de los interventores. Estos sólo veían movimientos en forma de «transferencias de financiación de explotación», que están sometidos a controles muy laxos porque ese tipo de fondos sólo pueden destinarse a cubrir agujeros o a equilibrar las cuentas de pérdidas y ganancias de organismos instrumentales como el IFA o la Agencia IDEA. Era en este organismo donde se generaba el gasto, que era escasamente fiscalizado, pues como agencia instrumental tiene controles más livianos.