Alaya, Mercedes: Titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla cuando se abrió el caso, el 19 de enero de 2011. Permaneció en este órgano hasta el 16 de junio de 2015, tras obtener una plaza de magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. La sustituyó la magistrada María Núñez Bolaños, procedente de un juzgado especializado en Derecho de Familia.

Chaves, Manuel: Era el presidente de la Junta de Andalucía cuando, el 17 de julio de 2001, se firmó el convenio marco con el que la Administración autonómica repartió de manera discrecional al menos 855 millones de euros durante una década. Presionado por su propio partido, renunció a su acta de diputado en Cortes a principios de julio de 2015, después de que el Tribunal Supremo lo imputara. El caso ERE acabó anticipadamente con su larga carrera política y con la de José Antonio Griñán, su sucesor en la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Egocheaga, Juan Enrique: Titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y uno de los dos fiscales adscritos al caso junto a Manuel Fernández Guerra.

Fernández, Antonio: Consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y, con anterioridad, número dos de ese departamento y presidente del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Es, junto con José Antonio Viera, uno de los dos firmantes del convenio marco de 2001. Estuvo en prisión preventiva casi cuatro meses y soporta la mayor fianza de responsabilidad civil impuesta en esta causa: más de 807 millones de euros.

Gómez Martínez, Manuel: Interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, alertó hasta en 17 informes del uso indebido de las transferencias de financiación como procedimiento para pagar las ayudas sociolaborales o a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Imputado por la juez Alaya el 28 de junio de 2013 por la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, acusó a Griñán y a la exconsejera Carmen Martínez Aguayo de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE».

González Mata, José: Empresario jerezano propietario de Uniter e Ingotor, compañías que intermediaron en la contratación de numerosas pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía. La juez Alaya lo acusa de haber cobrado más de 21 millones en comisiones ilegales por ese trabajo.

Griñán, José Antonio: Como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009), podrían haberle llegados los informes en los que la Intervención General de la Junta advertía de irregularidades en el procedimiento de los ERE. Dimitió antes de que la instructora elevara al Tribunal Supremo la exposición razonada con los indicios de responsabilidad en el presunto fraude. Su sustituta en la Presidencia de la Junta fue Susana Díaz.

Guerrero, Javier: Director general de Trabajo y Seguridad Social entre octubre de 1999 y abril de 2008. Tenía a su cargo la partida presupuestaria 31.L, que él rebautizó en su declaración ante la Policía Nacional como «fondo de reptiles».

Jorge Barreiro, Alberto: Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nombrado instructor de la causa cuando la juez Alaya envió la exposición razonada por indicios hallados contra cinco aforados.

Lanzas, Juan: Exsindicalista jiennense considerado judicialmente como el conseguidor de los ERE. Alaya lo acusó de cobrar comisiones ilegales de más de 13 millones de euros y de incluir a una decena de intrusos en distintas pólizas de prejubilaciones, entre ellos él mismo y su esposa. Fue el primer imputado del caso ERE.

Pascual Arxé, Eduardo: La juez Alaya lo presenta en sus autos como «jefe», junto a María Vaqué, de la empresa catalana ya desaparecida Vitalia. Esta fue la mediadora que, junto con la andaluza Uniter, acaparó el negocio de los ERE. En libertad provisional tras depositar una fianza de 6.000 euros, la Sala de lo Penal dictó orden de busca y captura en septiembre de 2015 contra el también expresidente de Eurobank tras incumplir sus comparecencias apud acta en el juzgado.

Rivas, Antonio: Fue el delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla desde 2000 a 2010, cuando dimitió por su procesamiento en el caso Mercasevilla. En 2014, el Tribunal Supremo corrigió a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y lo absolvió del delito de cohecho. Alaya lo imputó por su «conocimiento y participación activa» en varios ERE en los que se descubrieron intrusos, entre ellos dos concuñados y tres conocidos de Camas.

Rosendo Ríos, José Enrique: Fue uno de los empresarios más beneficiados por el «fondo de reptiles» junto con su antiguo socio José María Sayago. Hijo del exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo (intruso en un ERE), José Enrique Rosendo montó un secadero de jamones en El Pedroso con las ayudas de la Junta y tuvo en nómina en una de sus empresas a la hija del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, tal como se recoge en el sumario.

Trujillo Blanco, Juan Francisco: Fue el conductor de Javier Guerrero en su etapa como director general de Trabajo y Seguridad Social. Confesó a la juez del caso que llegó a gastar entre 20.000 y 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero que el alto cargo le otorgó a sus empresas sin actividad.

Viera, José Antonio: Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004. Firmó junto con Antonio Fernández el convenio marco que la juez Alaya sitúa en el origen de fraude y, según la Guardia Civil, tuvo un papel «esencial» en el reparto de ayudas a la comarca sevillana de la Sierra Norte.